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Boletín de noticias 22 de noviembre de 2011
EL TIEMPO
EL CAÓTICO PANORAMA DE LAS CÁRCELES MILITARES DEL PAÍS
A pesar de las recomendaciones de la Procuraduría, las fallas en las cárceles militares siguen
Informe de la Procuraduría advierte que, de 52 centros visitados, ninguno cumple con las normas.
La Procuraduría hizo un fuerte llamado de atención al Ministerio de Defensa y al Inpec por las críticas condiciones de hacinamiento, la falta de vigilancia adecuada y la ausencia de servicios de salud y de programas de resocialización en el que continúan los presos en las cárceles militares del país.
En un informe presentado siete meses después de haber estallado el escándalo por los privilegios de que gozaban la mayoría de los 269 militares presos en la base de Tolemaida (Tolima), la Procuraduría Delegada para la Prevención de los Derechos Humanos concluyó que ninguna de estas prisiones "cuenta aún con una infraestructura adecuada para funcionar como establecimiento carcelario".
Los delegados del Ministerio Público visitaron los centros de reclusión de 52 batallones, que funcionan en 43 poblaciones de 23 departamentos del país. Estas prisiones -que albergan 1.046 detenidos-, según la evaluación final, tampoco reúnen las condiciones mínimas de respeto a los derechos fundamentales de los reclusos.
Infraestructura
El reporte incluye las prisiones de Tolemaida y el cantón sur de Bogotá, que, junto con los que funcionan en Bello (Antioquia), Montería (Córdoba), Puerto Berrío (Antioquia), Apiay (Meta) y Cali, son los únicos en el país que tienen "algunos requisitos necesarios para ser considerados centros de reclusión".
En siete guarniciones, en Medellín, Fusagasugá (Cundinamarca), Leticia (Amazonas), Garzón (Huila), Florencia (Caquetá) y Bucaramanga y Socorro (Santander) la situación es aún más crítica: la prisión es "una sola pieza y con un solo baño", dice la Procuraduría. Una situación similar se encontró en otros 36 centros de reclusión.
Vigilancia
Salvo la cárcel de Tolemaida, ninguno de los centros visitados tiene director. Esa función la sigue ejerciendo el comandante del batallón. Tampoco cuentan con médicos, trabajadores sociales y personal de vigilancia especializado.
Los presos son vigilados por los mismos soldados del batallón -en su mayoría regulares o bachilleres- y sin ningún entrenamiento básico para atender esta labor, afirma la Procuraduría.
En el cantón sur de Bogotá, los encargados de la custodia aguardan su turno de vigilancia en carpas levantadas en las zonas verdes de la guarnición. Situación similar se encontró en otros batallones, ante la falta de áreas de descanso.
En cárceles como las del batallón de Policía Militar 13 de Bogotá y las guarniciones de Rionegro y Medellín (Antioquia), los reclusos tienen derecho a utilizar el casino, las canchas deportivas y el gimnasio.
En otros casos, como en el del Batallón Nueva Granada, de Barrancabermeja (Santander), un oficial detenido fue encontrado portando un celular, un radio de comunicaciones de dotación y un avantel.
Ninguna de las prisiones cumple en este momento con las recomendaciones hechas por la Procuraduría al Ministerio de Defensa y al Comando de las Fuerzas Militares, de crear un cuerpo de guardias profesionales, con un régimen propio y separado de la cadena de mando.
Ante esta situación, la Delegada de Derechos Humanos compulsó copias del informe para establecer posibles responsabilidades disciplinarias por estos hechos.
También le solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ejercer una rigurosa vigilancia sobre estos centros, capacitar al persona de custodia y vigilancia y afiliar a los reclusos al sistema nacional de salud.
Protestas de los reclusos
En la visita de la Procuraduría, soldados presos reclamaron por falta de defensa. La mayoría no cuenta con abogado que los asista.
LES DEVOLVIERON LA TIERRA, PERO NO PUEDEN VOLVER
Después de dos décadas, la familia Salabarría recuperó la finca que le arrebató Salvatore Mancuso.
Los Salabarría recibieron del Incoder los títulos de las 31 hectáreas que eran de su propiedad en un acto en Montería. Así, el Gobierno dio inicio al programa de restitución de tierras, previsto en la ley de víctimas, aprobada recientemente por el Congreso.
El predio hace parte de la hacienda Pueblo Nuevo, uno de los casos más emblemáticos en esta historia de horror y violencia. Mancuso se apropió a sangre y fuego de 296 parcelas adjudicadas. Entre sus víctimas están Emiro José Salabarría, la cabeza de la familia, y cuatro de sus hijos, quienes fueron asesinados.
Sin embargo, la dicha no es completa. Las condiciones de seguridad no están dadas para que los Salabarría puedan regresar. Su tierra es ahora un corredor de droga .
"Me duele tener estos títulos y no salir para Pueblo Nuevo; hacen parte de la sangre de mi padre, pero no podemos volver hasta que nos digan que hay seguridad (...). Ministro, no me olvide. Este es apenas el principio y yo quiero tener un final feliz", dijo entre lágrimas Maritza Salabarría, representante de la familia de 10 hermanos y que ya supera los 45 miembros, cuando tomó la palabra en el acto que prepararon el Incoder y el Ministerio de Agricultura. Ella considera esta faceta como el inicio de un camino difícil.
Según el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, el retorno de la familia se evaluará en un Consejo de Seguridad. La percepción de inseguridad fue respaldada por el jefe de Mapp OEA Marcelo Álvarez y por María Teresa Bernal, presidenta de la Comisión Nacional de Reparación. "Ministro, nos preocupa el tema de seguridad y protección a las víctimas" dijo María Teresa Bernal.
Por su parte, Marcelo Álvarez hizo un llamado de alerta para que se garantice la no repetición. "Tenemos que lograr que de una vez por todas este sea el último desplazamiento de la familia Salabarría", afirmó.
20 años de desplazamiento
Los Salabarría salieron de Mundo Nuevo en 1992 para Planeta Rica. Allí desaparecieron a Marcial Antonio Fernández, esposo de Maritza. La familia se vio obligada a desplazarse nuevamente hacia Belén de Bajirá, en el Urabá antioqueño, en donde se quedaron cuatro años, hasta que a mediados de la década de los 90 los paramilitares del bloque Bananero y Hélmer Cárdenas cometieron una serie de masacres. La familia decidió volver a Planeta Rica. Allí los contactó Jesús Ramírez, vecino de sus parcelas en Mundo Nuevo, quien les ofreció comprarles los predios. A la familia le contaron en ese momento que el hombre tenía las 110 cabezas de ganado que les habían robado después del despojo. Pero cuando Emiro Salabarría, padre de la familia decidió confrontarlo. Jamás regresó. La madre de Maritza murió de un ataque cardiaco, al conocer la noticia.
Sin padre ni madre, los hermanos volvieron a desplazarse por diferentes pueblos del Caribe, hasta que en 2005 Maritza decidió confrontar a Mancuso en el Pacto de Santa Fe de Ralito. El ex jefe 'para' le aseguró que su predio estaba entre los que sus hombres habían tomado y que desde ese día podía volver. Sin embargo, luego de regresar a su tierra, fueron despojados una vez más, en junio del 2006. Un año más tarde, el hermano menor de los Salabarría es desaparecido en Planeta Rica. Acciones por las que Maritza decidió pedir ayuda en Bogotá, y el Gobierno se comprometió a reubicar a la familia en Pivijay (Magdalena), en donde viven desde entonces.
EL ESPECTADOR
BUSCANDO LA DESCONGESTIÓN JUDICIAL, REVIVEN PEQUEÑAS CAUSAS
Autoridades diferentes de la Fiscalía General de la Nación podrían asumir funciones de investigación y acusación.
La fiscal Viviane Morales podría dejar investigaciones en manos del vicefiscal.
Está a un debate de ser aprobada en el Congreso una reforma constitucional que además de buscar la descongestión del despacho del Fiscal, también se convertiría en la fórmula con la que el Gobierno y el Legislativo pretenden darle vida a la polémica ley de pequeñas causas, que fue rechazada por la Corte Constitucional en 2008.
Hay un claro consenso en la necesidad de descongestionar el despacho del Fiscal, en donde están pendientes de trámite más de 1.000 procesos contra funcionarios con fuero constitucional, abriendo la puerta para que “el vicefiscal general de la Nación o sus delegados de la Unidad de Fiscalías ante la Corte Suprema de Justicia” puedan asumir las investigaciones.
Sin embargo, en el articulado de la iniciativa también se abre paso la posibilidad de que en el caso de delitos menores —conocidos como pequeñas causas— la función de acusador la pueda asumir una autoridad distinta a la Fiscalía.
Así lo plantea el artículo 2° de la reforma constitucional que plantea: “El legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía”, de este modo se abriría la posibilidad de que miembros de la Policía puedan hacer investigaciones sobre quienes cometan delitos contando con facultades de Policía Judicial, con la posibilidad de practicar pruebas y realizar investigaciones sin la orden de un juez.
Ya en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se generó una gran polémica cuando se tramitó entonces la denominada ley de pequeñas causas, que abría esta puerta y los críticos manifestaron que no estaba acorde con la normatividad internacional, y que quien sea el encargado de capturar y perseguir tenga, de forma simultánea, la facultad de investigar y acusar.
Sin embargo, en su momento, el argumento por el cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de las pequeñas causas, fue porque debió tramitarse como una reforma constitucional y no como una ley ordinaria. No obstante, el magistrado ponente Manuel Cepeda hizo evidentes las críticas a la posibilidad de que “rompía con el principio constitucional de imparcialidad”.
Pese a estas críticas, el senador Carlos Enrique Soto, uno de los ponentes de la iniciativa, defiende su aplicación y sostiene que “lo que estamos pretendiendo es abrir la puerta a la descongestión judicial, porque la Fiscalía no tiene forma de asumir la cantidad de delitos menores y, finalmente, lo que se está dando es una impunidad que supera el 90%. No estamos siendo ligeros, estas funciones serán otorgadas con toda responsabilidad y en eso seremos muy cuidadosos en la reglamentación de la reforma”.
El representante Germán Navas, coautor de la iniciativa, también defiende el espíritu de la reforma y argumenta que lo que se busca es agilidad en la justicia, evitar los trancones y la impunidad.
En ese sentido, los legisladores reconocen como un gran avance que las investigaciones de aforados puedan ser asumidas por otros funcionarios diferentes de la Fiscalía General de la Nación, pero no deja de generar inquietud que se le dé nueva vida a la polémica ley de pequeñas causas.
EL NUEVO SIGLO
PROPONEN EL ALZA DEL MÍNIMO POR EL CONGRESO
Un proyecto de ley que pretende modificar el mecanismo que se tiene para definir el aumento del mínimo, está en el Congreso.
La senadora Alexandra Moreno Piraquive, autora de la iniciativa, explicó que lo que se pretende es que sea el Congreso y no el Gobierno en concertación con las centrales obreras, las que determinen el incremento porcentual del salario mínimo de los trabajadores.
“Se debe hacer el debate en el Congreso de la República y allí tomarse la decisión de cuánto debe ser el incremento del salario mínimo”, señaló la congresista. Agregó diciendo que “año tras año un decreto impuesto por el Gobierno Nacional, deja mucho que desear de la falta de concertación entre los trabajadores y el Gobierno Nacional y creo que nosotros podemos apoyar en esto, que se haga un debate público y que se tome una decisión acorde con todas las necesidades y requerimientos que incluye la canasta familiar”.
DESACUERDOS POR ACTUALIZACIÓN DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD
Fuertes cuestionamientos ha recibido al programa de actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS), que será dado a conocer oficialmente el primero de diciembre.
“Creo que la actualización del POS no ayuda en nada, ya que solo se está contemplando una pequeña parte del sector de la Salud, que son los adultos mayores de 60 años, aún no cubre las necesidades de la población en Colombia”, aseguró el senador vallecaucano Mauricio Ospina, del Polo Democrático.
Las críticas han sido enfiladas básicamente a la Comisión de Regulación en Salud (CRES) que, señaló el senador caribe Eduardo Merlano, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), debe acabarse porque “no está siendo muy clara en el tema que tiene que ver con la regulación en la salud”.
Sin embargo, el Gobierno defiende a la CRES y pidió un compás de espera para evaluar la actualización del POS después que lo haga público; dicha actualización, explicó hace poco el presidente Juan Manuel Santos, incluirá tratamientos vitales “para tantos colombianos que hoy no tienen acceso a ellos”. Santos explicó que ya fue unificado el POS para los colombianos de 60 o más años de edad, y “el próximo año unificaremos el POS de los colombianos entre 18 y 44 años de edad y para el año 2013 ingresará el resto de la población”.
Para la actualización “se están haciendo evaluaciones de 390 o 380 tecnologías, es decir medicamentos, procedimientos, dispositivos, que surgen de lo que hay de estudios de carga de enfermedad, de lo que se recobra; de ahí también surgen cosas que no están incluidas”, explicó Mauricio Santamaría, otrora ministro de Protección Social y hoy de Salud.
“Hay un grupo de 190 tecnologías que está siendo analizado con especial cuidado y creo que va a ser una ampliación bastante grande porque el POS actualmente es, por llamarlo de alguna manera, viejo y creo que va ser un tema importante”, añadió.
HOY EXAMINA SI DEBE SER PENALIZADO ACTO SEXUAL CON MENOR DE 18 AÑOS
Procurador pidió incluir en la tipificación de acto abusivo las relaciones consensuadas con todos los menores de edad. Actualmente son castigadas sólo cuando son con menor de 14.
La demanda contra el Código Penal que pide también penalizar a los que sostienen actos sexuales consensuados con menores entre los 14 y 18 años, será analizada desde hoy por la Sala Plena de la Corte Constitucional.
Actualmente, la legislación colombiana contempla dicha pena a los que cometan acceso carnal con menores de 14 años.
En efecto, en su Capítulo Tercero, que trata sobre los actos sexuales abusivos, el Código Penal describe en el artículo 208 el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, que reza. “El que acceda carnalmente a persona menor de 14 años, incurrirá en prisión de doce a veinte 20 años”.
La expresión “persona menor de 14 años”, en ambos artículos, fue demandada ante la Corte Constitucional, que entrará a estudiarla, junto con el concepto que profirió el procurador Alejandro Ordóñez, que asegura que no es posible “desvirtuar el claro mandato de la Constitución Política y de los tratados sobre derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, según el cual el Estado tiene el deber de proteger a todos los menores de edad, sin excepción, de conductas como las que se encuentran tipificadas en las normas que contienen las expresiones demandadas”.
Al analizar la situación de las personas entre los cero y los 14 años de edad respecto de algunas conductas delictivas, y contrastarla con la situación de las personas entre los 14 y los 18 años de edad, el Jefe del Ministerio Público precisó que la protección de que gozan unas y otras no es la misma, pese a que ambas se les considera como niños en los referidos instrumentos internacionales.
“(…) las normas demandadas no respetan los mínimos de protección ordenados constitucionalmente; desprotegen a un grupo de personas especialmente protegidos, las personas que se encuentran entre los 14 y los 18 años de edad, excediendo así los márgenes constitucionalmente admisibles; y privan a este grupo de gozar de la misma protección que las mismas normas dan a las personas que se encuentran entre los cero y los 14 años, sólo por razón de su edad, lo cual implica una evidente discriminación”, advierte el jefe de órgano de control.
El concepto proferido argumenta que tal como está la norma, “no sólo incumple con el mandato de protección integral al que tienen derecho los niños, las niñas, los y las adolescentes, sino que no satisface su interés prevalente y, por el contrario, propicia que se abuse de sus especiales limitaciones físicas y psíquicas, pues su proceso de desarrollo y de formación no se ha completado, aumenta el riesgo de embarazo adolescente, de contagio de enfermedades de transmisión sexual, de aborto, de prostitución infantil, y de que las personas entre los 14 y los 18 años de edad sufran consecuencias psicológicas adversas como consecuencia de una actividad sexual precoz, entre otros”.
Ordóñez Maldonado agrega que si se acepta su tesis, se podrían afectar parcialmente algunos derechos de estas personas, como la autonomía, el libre desarrollo de la personalidad, o los llamados “derechos sexuales y reproductivos”, así como restringir el principio de libre configuración del legislador en materia penal, tanto la afectación de este principio como la restricción de aquellos derechos es leve y justificable, “lo que debe primar es garantizar los derechos de los niños sin discriminaciones y de protegerlos, como lo dispone el Protocolo adoptado mediante la Ley 765 de 2002, de conductas como la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía, el turismo sexual, etc.”
Si la Corte acoge los argumentos de la demanda y del Procurador, las relaciones sexuales con adolescentes entre los 14 y 18 años tendrían el carácter de abusivas, tal como está en el Código Penal, así sean consentidas.
REVISTA SEMANA
LA PUERTA A LA INTERVENCIÓN EN POLÍTICA DE MANDATARIOS
Este martes la Comisión Primera del Senado tendrá que decidir si aprueba un polémico proyecto que permitiría que presidentes, ministros, alcaldes y gobernadores hicieran parte de las campañas políticas.
Alonso Salazar está a poco más de un mes de culminar su periodo como alcalde de Medellín. Su gestión ha tenido importante respaldo, por lo que muchos advierten que su paso por la alcaldía podría significar el inicio de una carrera política de orden nacional.
Sin embargo, por estos días, Salazar no sólo está preocupado por culminar su administración. También por defenderse de una demanda disciplinaria que estaría adportas de poner fin a su carrera política. En la pasada campaña, el alcalde de Medellín hizo públicas denuncias de presuntos nexos del entonces candidato Luis Pérez con la ilegalidad. Aunque Salazar dijo que eran simples opiniones, la Procuraduría podría calificarlos como intervención en política.
Y mientras este caso se resuelve, y cerca de 718 demandas parecidas en todo el país (según lo reveló recientemente la procuradora delegada para la función pública, María Eugenia Carreño), el Congreso empieza a resolver un polémico proyecto que blindaría a los mandatarios de estas posibles sanciones.
El proyecto
La participación abierta y directa en política de los funcionarios públicos es el objetivo de un polémico proyecto de ley que comenzó su tránsito en el Congreso y que cuenta con el respaldo del Gobierno.
Se trata de un proyecto que le abriría las puertas a que servidores públicos desde el Presidente de la República, el vicepresidente, los ministros, gobernadores y alcaldes, entre otros, puedan participar en campañas políticas, algo que hoy les es prohibido según el artículo 127 de la Constitución.
Precisamente, el proyecto pretende reglamentar esta norma y definir con precisión los casos en los que se puede constituir una indebida participación pública de los funcionarios.
Este martes, la Comisión Primera del Senado tiene que decidir, en primer debate, si aprueba o no esta iniciativa. O lo que es igual, si abre la posibilidad a que estos funcionarios tengan alguna participación en procesos electorales.
El autor del proyecto es el senador del PIN Juan Carlos Rizzeto, cercano al exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, quien en 2010 fue destituido e inhabilitado por haber participado de reunión privada con diputados del Valle del Cauca y en la que hablaron de apoyar en el departamento la campaña presidencial de Andrés Felipe Arias.
Según el proyecto de Rizzeto, el ejercicio del gobierno, por naturaleza, “tiene una dimensión política que no se puede desconocer”. Los 10 artículos de la iniciativa, además, definen las actividades en los que los funcionarios pueden participar, tales como preparar propuestas de campaña, asistir a discusiones o actos políticos, e inscribirse abiertamente como miembros de partidos políticos y participar de sus decisiones.
La iniciativa pretende blindar estas posibilidades al señalar que los mandatarios locales o nacionales podrán participar de estas actividades dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones.
Eso sí, establece como claras prohibiciones el difundir propaganda, presionar a los empleados a su cargo para respaldar determinada campaña, utilizar las instituciones e instalaciones de su despacho para hacer proselitismo, aprovecharse del cargo, recibir dinero por su actividad política, y desde luego, destinar recursos públicos con fines políticos.
Aunque en el Senado, y en el propio gobierno, hay coincidencia en que la participación en política de funcionarios “debe reglamentarse”, hay quienes piensan que este proyecto podría ser riesgoso para la futura transparencia de los procesos democráticos.
Los riesgos
Si este proyecto se aprueba, dicen algunos, se podría desequilibrar la competencia por el poder, especialmente en los municipios, pues allí quien gana las elecciones controla la mayoría de instituciones. Y si se permite la participación de mandatarios en campañas, muchos temen que los funcionarios influyan a favor de determinados candidatos.
Por eso, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, respaldó el proyecto, dijo que si no se reglamenta al detalle, la iniciativa “puede ser muy mala”.
Y además, ante los rumores sobre que este proyecto podría tener “nombre propio”, Vargas Lleras también mostró su preocupación sobre el futuro de las sanciones ya impuestas a funcionarios por participación en política, algo que deberá ser resuelto por el Congreso: “Otro elemento importante es qué va a pasar con las investigaciones disciplinarias que están en curso, o si a las personas que han sido sancionadas por participar en política, les rige o nos les rige el principio de favorabilidad”, dijo Vargas Lleras.
El senador Carlos Enrique Soto (la U), ponente del proyecto, explicó que lo que el único propósito es establecer "reglas claras" sobre cómo pueden participar en política los funcionarios públicos para que "no se les sancione por una simple opinión".
Y respecto de los funcionarios ya sancionados, el ponente aclaró que si las sanciones se produjeron sólo por emitir opiniones, podrían verse favorecidos.
La iniciativa, probablemente será aprobada, pues todos los partidos políticos, incluido el opositor Polo Democrático, han mostrado su apoyo.
CARACOL RADIO
FUERON 15 AÑOS LLENOS DE DOLOR. AHORA LA AUSENCIA DE CONSUELO ES DEFINITIVA: JAIME ARRUBLA PAUCAR
Por primera vez el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, habló sobre el drama humano que vivió con su familia por cuenta de un accidente que mantuvo durante 14 años en coma a su esposa Consuelo Devis, quien murió la semana anterior.
En diálogo con Caracol Radio, Arrubla manifestó que después del accidente de su esposa y la larga agonía mientras moría durante 14 años, se dio cuenta que en Colombia no existe una legislación que permita saber qué hacer en esos casos y quién puede decidir sobre la vida de un familiar en esa situación.
“Yo creo que la muerte es un descanso para el paciente y la familia. Mis hijos ya saben por lo menos que no la tienen, que está en otra dimensión, según sus creencias y no estan ligados a estas situaciones tan dolorosas”, afirmó Arrubla, quien reclamó que hubiera un debate sobre la eutanasia y el papel de la religión para evitar más casos como el que vivió.
“Cuando un enfermo de estos aparece no se sabe quién toma las decisiones, uno creería que es el compañero, pero hay mamás, hijos, y hay un vacío legislativo. Los que tenemos un sentimiento católico no podemos quitar la vida, pero tampoco puede ser católico y justo que no se le permita morir a una persona”, consideró Arrubla, quien dijo que cuando se quitan los aparatos “entonces uno se vuelve homicida”.
El magistrado relató cómo sus hijos, entre ellos el menor, Esteban, tuvieron que acostumbrarse a ver a su madre postrada en una cama.
“Nunca pudimos hacer duelo hasta ahora, cuando por fin murió. El día siguiente al fallecimiento de Consuelo mi hijo Esteban me dijo que por primera vez en 15 años pasó una noche relativamente tranquila porque sabía que su mamá no estaba sufriendo”, destacó Arrubla.
El jurista pidió que se legisle sobre el tema, ya que en una sentencia de la Corte Constitucional que defiende el derecho de morir dignamente se indica que la persona debe dejar una constancia por escrito de qué quiere que se haga con su cuerpo si llega a quedar en estado de muerte cerebral.
“Pero la gente en general no cree que le va a pasar eso, por eso nunca dispone que le vaya a pasar eso por escrito”, lamentó Arrubla.
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que él permaneció en un estado civil difuso por la situación de su esposa.
"Los hijos cuando están pequeños no opinan, pero cuando llegan a la adolescencia cuidan los espacios de su madre. Uno tiene que tener una actitud extremadamente prudente", señaló.
Arrubla Paucar recordó que su esposa vivía intensos dolores, convulsiones y permanentemente tenía cara de angustia.
"Esto lo invita a uno a reflexionar sobre el derecho a una muerte digna, a que no le practiquen medicina heroica a una persona cuando no tiene posibilidades de recuperarse", puntualizó el magistrado.
EL GOBIERNO REITERÓ SU RESPALDO A LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
El Ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra indicó que el gobierno avanza en consolidar la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado que pretende responder demandas por 400 billones de pesos de reclamos por presunta acción u omisión de los funcionarios públicos y que se tramitan actualmente en la rama judicial.
El colaborador presidencial en un foro sobre la reforma a la justicia que se realizo en Manizales ratificó que esa es una de las principales preocupaciones responder y evitar que los recursos estatales sean reclamados en algunos casos por justa causa pero en otros solo por el deseo de defraudar el erario público.
Indicó Esguerra que la Agencia también sumaría en la reducción de la congestión de los despachos judiciales al responder directamente los requerimientos de los ciudadanos con abogados y profesionales dedicados solo a evaluar esas demandas y requerimientos jurídicos.
Dijo que esa suma representa el presupuesto general de la nación de tres años lo que refleja la gravedad del asunto, de ahí la necesidad de agilizar la puesta en marcha de la dependencia.
Esguerra dijo además que avanza por buen camino el debate y la socialización de la reforma a la justicia en instancias como el Congreso de la República, con las comunidades y sectores de la rama judicial en las regiones.
No habrá impunidad militar en la Reforma a la Justicia: Mindefensa | Noviembre 21 de 2011
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El ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, se reunirá este martes con Congresistas de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, para analizar la Reforma a la Justicia y aseguró que no habrá impunidad en el controvertido fuero militar.
"Estos avances, estas reformas que se están mirando no permiten, ni buscan de ninguna manera la impunidad, al contrario lo que se busca es que la Fuerza Pública pueda operar dentro de un marco jurídico apropiado de manera efectiva, de manera que pueda proteger de la mejor forma al pueblo colombiano", sostuvo Pinzón.
Añadió que no se buscan arbitrariedades y que el principal objetivo es el fortalecimiento de la justicia, y que se adelanten los procesos con todas las garantías.